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Nota de Prensa de la FAAT

La Federación Andaluza de Autónomos del Taxi solicita al Gobierno de España, que corrija el error cometido en el año 2007 -con la aprobación del Real Decreto 1544/2007, de 23 de noviembre-, decreto que condeno a los taxistas autónomos Españoles, a la obligación de tener en cada una de sus ciudades, “al menos un 5 por ciento, o fracción” de vehículos adaptados en el año 2017.

Solicitamos la modificación del Real Decreto, por estar suficientemente demostrado que no existe rentabilidad para tan alta inversión (30 mil €), máxime cuando en estos momentos, ya existe un 2,5% aprox. de taxis adaptados, y cuando estos apenas pueden hacer una recaudación mínima para poder sobrevivir.

Desconocemos la realización de estudios previos que justificarán el establecimiento del porcentaje del 5% de vehículos adaptados – ¿porque fue un 5% y no un 4% o un 3%?-, y lo peor aún, según la información que disponemos, no existe Directiva Europea que obligara al gobierno Español a semejante índice, cuando ningún país Europeo tiene tan elevado número de taxis adaptados, ni semejante índice por habitante.

El establecimiento de ese abusivo e injusto porcentaje, condeno e hizo responsables civiles subsidiarios a los taxistas Españoles de las dificultades de accesibilidad que tienen muchas personas en España, población con dificultades de movilidad para las que el taxi siempre ha demostrado ser sensible y estar dispuesto a prestar sus servicios en unos niveles lógicos de rentabilidad. Prestamos el servicio con vehículos muy costosos y en condiciones económicamente inasumibles, con total ausencia de ayudas, estando condenados de por vida –con la amenaza de crear mas licencias- a que un autónomo taxista tenga la obligación de invertir el doble de la cantidad normal por la compra de un taxi, aun siendo consciente que la inversión, no le será nunca mínimamente rentable.

Por todo ello, solicitamos al Ministerio correspondiente “la modificación del Real Decreto 1544/2007, de 23 de noviembre, en los siguientes términos;

  1. Realización de estudio -con las estadísticas existentes-, que cuantifique el número de personas que pueden necesitar el servicio de un taxi adaptado.
  2. Establecer  un nuevo porcentaje, más acorde con el número de personas  con discapacidad existente y el número potencial de utilización del servicio.
  3. Establecer niveles mínimos de rentabilidad, tanto para la compra o mantenimiento del taxi adaptado, creando ayudas para que la obligación social que debe existir de un número adecuado y de calidad de taxis adaptados, no recaiga sobre los hombros de la parte más débil (el taxista).
  4. Eliminación del transporte irregular de personas con discapacidad, sin título habilitante (empresas privadas no autorizadas al transporte de personas).

Miguel Ruano Bravo Presidente de la Faat

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