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LAS ORGANIZACIONES NACIONALES DE TAXISTAS SE REÚNEN CON FOMENTO PARA HACER UN SEGUIMIENTO DEL REQUERIMIENTO DE LA CNMC

Para conocer la actuación y gestiones que ha realizado el Gobierno de España, respecto a los requerimientos formulados por la CNMC contra las normas que regulan el arrendamiento de vehículos con conductor.

Así mismo han denunciado el sesgado informe sobre economía colaborativa con el  que el organismo que preside Marín Quemada, en descarada defensa de los lobbies y multinacionales, efectúa su enésimo ataque contra el sector público del taxi.

El gremio del taxi de España se encuentra unido a favor del mantenimiento de la vigente normativa y en contra de la campaña de acoso al mismo que está llevando a cabo la CNMC.

                                                                                               Madrid, 18 de marzo de 2016

A iniciativa de las organizaciones nacionales representativas de los taxistas de España, se ha mantenido este viernes en Madrid, una reunión entre los representantes de Fedetaxi, Unalt y CTE y la Dirección General de Transportes por Carretera del Ministerio de Fomento para conocer la actuación y gestiones que ha llevado a cabo el Gobierno de España, respecto a los requerimientos formulados por la Comisión Nacional  de los Mercados y la Competencia contra el Real Decreto y Orden Ministerial que regulan el arrendamiento de vehículos con conductor, por los que el organismo que preside Marín Quemada, en defensa de los lobbies y multinacionales, efectúa su enésimo ataque contra el sector público del taxi.

Fomento mantiene una posición clara y contundente de no modificar una norma aprobada hace apenas dos meses, así como mantener el ordenamiento vigente en materia de arrendamiento de vehículos con conductor y ha confirmado que no se ha dado respuesta expresa a dichos requerimientos de la CNMC dejando transcurrir los plazos legales y estando a la espera de recibir las correspondientes demandas judiciales. Para contestar a las mismas, confían en ser representados por la abogacía del Estado, debiendo buscar la CNMC un despacho legal privado, con cargo a los impuestos de todos los españoles, para defender su tesis de la anulación de diversos preceptos del Real Decreto 1057/2015, de 20 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento de Ordenación de los Transportes Terrestres en materia de Arrendamiento de Vehículos con Conductor.

En este sentido los representantes del Ministerio de Fomento han transmitido a los de FEDETAXI y UNALT que están ultimando la redacción de un criterio interpretativo de las normas que regulan las VTC a fin de facilitar a los cuerpos de inspección la tramitación de los expedientes sancionadores que se produzcan por las malas praxis de estas empresas (Cabify, Uber, etc.) y los chóferes que trabajan para las mismas.

Así mismo han denunciado el sesgado informe sobre economía colaborativa con el  que el organismo que preside Marín Quemada, en descarada defensa de los lobbies y multinacionales, efectúa su enésimo ataque contra el sector público del taxi. Por parte de FEDETAXI, se ha informado a los asistentes de las gestiones que se han llevado a cabo por esta federación como consecuencia de la manifestación celebrada el pasado 18 de febrero, entre las que destacan el acuerdo y posicionamiento común a favor del servicio público del taxi de PP, PSOE y PODEMOS, y la petición de la formación morada para que comparezca ante la comisión de economía y competitividad del Senado el presidente de la CNMC, Marín Quemada, para dar explicaciones de sus actuaciones a favor de los citados lobbies y multinacionales de la falsa economía colaborativa, que persiguen desmantelar el servicio público de taxi y privatizarlo en su favor.

Por último, los representantes sectoriales han denunciado nuevamente a Fomento su enorme preocupación por la campaña de acoso de la CNMC contra un sector de servicio público como es el del taxi, pretendiéndose arrogar la titularidad del interés general de los ciudadanos, cuando éste está debida y suficientemente representado y defendido en la Administración General del Estado y en el Gobierno de España.

 

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