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Ante el anuncio de la demanda por parte de la CNMC contra el Reglamento de Ordenación de los Transportes aprobado por el Gobierno el pasado 20 de noviembre, Fedetaxi corrobora que la CNMC actúa como el ariete de los lobbies y multinacionales de la falsa economía colaborativa para ayudarles a repartirse el sector del taxi, arruinando a 100.000 familias.

FEDETAXI, organización representativa de los taxistas de España, dará respuesta en el Tribunal Supremo a la demanda presentada por la Comisión Nacional de Mercados y Competencia para derogar el Real Decreto 1057/2015, de 20 de noviembre, por el que se modifica parcialmente el Reglamento de Ordenación de los Transportes Terrestres en materia de arrendamiento de vehículos con conductor. Del mismo modo,  también “dará respuesta donde haya lugar a la campaña que la CNMC está llevando a cabo para abrir las puertas del mercado del transporte público de viajeros en vehículos turismo a las denominadas empresas y lobbies de la falsa economía colaborativa”, según declaraciones de su presidente, Miguel Ángel Leal.

Para FEDETAXI, estos lobbies fomentan actividades que enmascaran y son contrarias al verdadero y lícito “consumo colaborativo”, que sí es positivo y sostenible para el ciudadano usuario de los servicios de movilidad.

Para ello, consideramos preciso recordar que el servicio público de transporte de viajeros en taxi es un sector de la economía que sustenta a 100.000 familias en toda España y que genera en torno a 4.000 millones de euros anuales de facturación, la mitad de los cuales suponen ingresos a las arcas públicas.

FEDETAXI denuncia que, con una población de 46.464.000 habitantes, existen 66.498 licencias de taxi, de las que el 98,3% son titularidad de trabajadores autónomos, generando así riqueza al conjunto de la sociedad española. Sin embargo, existen muchos intereses de grandes corporaciones para transformar esta realidad y hacer desaparecer la actual estructura del sector hacia otro en manos de unos pocos operadores que fijen precios y condiciones de trabajo, repartiéndose el mercado y sustituyendo a los actuales autónomos, bien por trabajadores en precario bien por, en los casos más extremos, directamente a economía sumergida y actividad “tóxica” para los usuarios del taxi y la sociedad en su conjunto.

Parece ser, por tanto, que pese a que el servicio público se resiste al control de los grandes lobbies, es una pieza demasiado jugosa para que éstos permitan que se quede en manos de profesionales trabajadores autónomos. Para ello la CNMC persigue no solo la mera desregulación del sector de arrendamiento de vehículos con conductor (VTC) que concurre con los taxis en los servicios pre-contratados (radio teléfono, radio emisoras, aplicaciones para móviles, etc.) sino que además buscan la entrada de estos vehículos en los servicios prestados en paradas públicas y concertados en la vía pública que están reservados por ley al taxi. En definitiva, la CNMC busca la demolición del sistema vigente que, por efecto dominó, dejará sin regulación ninguna a los servicios de taxi haciendo desaparecer esta figura en España, sin que de ello se siga ningún beneficio para los usuarios, como se ha podido ver recientemente en otros países donde se ha avanzado en esta misma dirección.

Desde FEDETAXI también se considera muy grave que el organismo que preside Marín Quemada esté haciendo caso omiso a lo dispuesto por el Gobierno de España mediante el Real Decreto 1057/2015, refrendado por un informe del Consejo de Estado, e insistan en su cruzada para conseguir hacerse con el control del sector, expropiándolo a los trabajadores autónomos en favor de los lobbies de multinacionales, promoviendo la desregulación legal del taxi, que acaben obteniendo un control oligopólico del servicio público, con el consiguiente perjuicio a los usuarios y a los contribuyentes, para lo que no dudan en tachar de “monopolio” su marco legal, lo que no es cierto, pues es un servicio público municipal y universal.

Con toda lógica, ante este uso abusivo de las atribuciones que la Ley otorga a la CNMC se van a encontrar a los taxistas de España enfrente. “Lo que la CNMC pretenden es una expropiación sin justiprecio y un atentado a la supervivencia económica de 100.000 familias trabajadoras de este país” señalo Leal, presidente de FEDETAXI.

Los “olvidos” de la CNMC

​En la actuación del organismo que preside Marín Quemada se olvidan de que la Directiva 2006/123/CE, relativa a los servicios en el mercado interior, cuyo principal objetivo era la liberalización de actividades económicas, excluyó expresamente de su ámbito de aplicación los servicios en el marco del transporte.
​También obvian, que no existe contradicción alguna entre lo dispuesto en el artículo 38 de la Constitución Española y el artículo 39.bis de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, con el posible establecimiento de limitaciones al otorgamiento de licencias de arrendamiento con conductor toda vez que se legitima expresamente que las Administraciones públicas, en el ejercicio de sus respectivas competencias, puedan establecer medidas que limiten el ejercicio de derechos individuales o colectivos o exijan el cumplimiento de requisitos para el desarrollo de una actividad. Siempre que así se encuentre previsto en la legislación reguladora de la actividad de que se trate, como es el caso, y reiteradamente les ha sido declarado por el Gobierno de España y el Tribunal Supremo, haciendo hincapié en que no se aprecia contradicción alguna en el establecimiento de tales medidas con lo dispuesto en la LGUM citada.

Sostenibilidad del transporte y apoyo a trabajadores autónomos

En este contexto, FEDETAXI traslada a la sociedad que no vale todo para que un servicio sea más barato como la CNMC predica; que los ciudadanos de un Estado Social y Democrático de Derecho, en su vertiente de usuarios de servicios de transporte en vehículos turismo tienen derechos y también obligaciones, entre ellas tomar conciencia de que cualquier uso de un servicio conlleva una aceptación implícita de los métodos, medios y personal con los que han sido prestados dichos servicios.

Si éstos son ilegales, fraudulentos o conllevan la precarización y ruina de miles de conciudadanos, trabajadores autónomos en su mayoría en este caso, su uso implica unas consecuencias para todos. Por ello, no consideramos ético que la CNMC, en su papel de ariete de lobbies y multinacionales, allane el camino a este escenario.

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