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El sector del taxi español gana la primera batalla a UBER

Madrid, 9 de diciembre de 2014.

Las organizaciones nacionales de taxistas de España, FEDETAXI, CTE y UNALT, se felicitan del Auto adoptado hoy por el titular del Juzgado de lo Mercantil número 2 de Madrid, Pedro María Gómez, por el que se ordena el cese y la prohibición en toda España de la aplicación UBER.

La decisión judicial por la que se estiman las medidas cautelares propuestas por la Asociación Madrileña del Taxi se funda principalmente en que los conductores de UBER carecen de autorización administrativa para desarrollar ese servicio y que la actividad que llevan a cabo supone competencia desleal.

Desde que la aplicación ilegal UBER se estableció en España, primero en Barcelona, después en Madrid y más recientemente en Valencia, las organizaciones de taxistas hemos llevado a cabo una ofensiva contra esa actividad en diversos frentes en los que esta resolución judicial es la primera batalla ganada a UBER por el sector del Taxi.

Según informa el TSJ de Madrid, la medida cautelar adoptada se ha tomado sin escuchar a UBER porque se trata de una empresa domiciliada en el paraíso fiscal estadounidense de Delaware.

En la misma resolución, se oficia a las empresas de telecomunicaciones y de pago electrónico para que prohíban todo tipo de transacciones y alojamiento a la empresa UBER, paralizando el uso de cualquier aplicación (app), soporte, sistema tecnológico o informático para prestar el servicio ilegal de transporte de viajeros de UBER en toda España. Estas medidas «se ejecutarán una vez que la parte solicitante», «preste en el plazo de tres días siguientes a la notificación» del auto una caución en forma de aval bancario por importe de 10.000 euros. Y pide a los prestadores de servicios de información reconocidos en el Registro de Operadores de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones para que suspendan la transmisión, el alojamiento de datos, el acceso a las redes de telecomunicaciones o la prestación de cualquier otro servicio equivalente de intermediación en relación con UBER.

Desde la primavera de 2014 en que se convocaron las primeras movilizaciones, como el paro del pasado 11 de junio en Madrid, las organizaciones nacionales del taxi han venido realizando una labor de concienciación sobre la ilegalidad de la actividad de UBER así como de negociación con las administraciones públicas y agentes sociales.

De este modo, los representantes del sector del Taxi se han reunido con representantes de los Ministerios de Fomento, Hacienda, Interior, Justicia y Empleo, promoviendo la creación de una Comisión Interministerial  “ad hoc”, así como con las consejerías de las Comunidades Autónomas competentes, haciendo una labor de seguimiento y denuncia de los conductores de UBER.

Además, se acudió al Parlamento Europeo donde se interpeló a la nueva Comisaria de Transportes, Violeta Bulc, y a distintos grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados, el Comité Nacional de Transportes por Carretera, las asociaciones de Consumidores y Usuarios de España y su Consejo Nacional, así como las organizaciones patronales tanto españolas (CEOE-CEIM) como europeas (IRU), con las que se promovieron comunicados conjuntos tanto con los sindicatos de transportes nacionales (CCOO), como europeos (ETF), llegando a establecer el germen de una Alianza Internacional de Taxistas contra UBER que impulsó el sector español del Taxi, uno de los más numerosos de Occidente.

Entendemos que la resolución judicial viene también a dar la razón a dicho sector respecto a que la solución a este conflicto pasa por la vía política y judicial y no por la de “la calle”, siendo el auto del Magistrado un claro mensaje en cuanto a la ilegalidad de la actividad de otras empresas (BlaBla Car, Cabify, etc.) que al amparo de un supuesto consumo colaborativo pretenden prestar servicios similares a UBER en el mercado.

Además desde las organizaciones de taxistas queremos recordar que los vehículos y conductores que presten servicios de taxi de forma irregular serán sancionados con multas de hasta 6.000 euros, y que se han abierto múltiples expedientes a UBER desde mediados de octubre por operar sin licencia.

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