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FEDETAXI RECLAMA AL GOBIERNO EL ESTUDIO E IMPLEMENTACIÓN DE ‘COSTES DE TRANSICIÓN’ ANTE LA APERTURA DE MERCADO QUE SUPONEN LAS MÁS DE 10.000 AUTORIZACIONES VTC

FEDETAXI RECLAMA AL GOBIERNO EL ESTUDIO E IMPLEMENTACIÓN DE ‘COSTES DE TRANSICIÓN’ ANTE LA APERTURA DE MERCADO QUE SUPONEN LAS MÁS DE 10.000 AUTORIZACIONES VTC

Las plataformas de falsa economía colaborativa esperan dichas autorizaciones lo que supondría una reconversión encubierta del sector del taxi

 Madrid, 31 de enero de 2017.- Ante el eventual incremento de oferta de los vehículos de alquiler con conductor (VTC) en 10.000 unidades a corto plazo, y los planes de la Comisión Europea para la absoluta desregulación del servicio público de taxi en España y otros países de la Unión Europea, FEDETAXI reclama al Gobierno a tomar medidas efectivas a favor de los trabajadores autónomos del servicio público del taxi y abordar en el presente ejercicio el estudio y, en su caso cuantificación, de compensaciones de las inversiones que los taxistas han llevado a cabo para cumplir con las exigencias establecidas para operar en el mercado de transporte de viajeros.

FEDETAXI recuerda al Ejecutivo y, en especial, al Ministerio de Fomento, Iñigo de la Serna, que las referidas inversiones han sido inducidas por los poderes públicos en las últimas décadas por lo que, si ahora se considerase que no son imprescindibles, se estará causando un daño a quien ha tenido que hacer frente a las mismas y además se le colocaría en una situación de desequilibrio respecto a los nuevos entrantes en el mercado que no han de soportar las exigencias que los taxistas tuvieron que asumir.

Con ello, también denuncian la red y entramado que están tejiendo plataformas como Cabify que “ofertan trabajo” previa compra de autorizaciones de las que ellas disponen a precios entre 35.000 y 50.000 euros, lo cual ahonda en la precariedad y la especulación con la necesidad de miles ciudadanos golpeados por la crisis.

En palabras de Miguel Ángel Leal, el presidente de la organización de taxistas “el mecanismo compensatorio implica una medida justa que debe ser resultado de tomar en consideración las inversiones realizadas para acceder al mercado, el momento en que se realizaron, el momento en que se produzca algún cambio regulatorio y la intensidad de dicho cambio”, destacando que debe garantizarse la máxima seguridad jurídica a los taxistas y demás operadores del transporte de viajeros en vehículos de turismo a lo largo del tiempo; evitando cualquier cambio “brusco” en la normativa en tanto en cuanto las compensaciones van produciendo el efecto de nivelación deseable.

En este sentido, FEDETAXI recuerda que desde la pasada primavera viene solicitando al Gobierno la adopción de un Plan de Ayudas al Abandono de la Profesión de Taxista por el que se compense económicamente a los taxistas que aúnen prejubilación y cese en la actividad, como medida de apoyo social a este colectivo de autónomos, tal y como ya están previstos para colectivos similares como son los repartidores de paquetería y transportistas de largo recorrido, sin que el Ejecutivo se haya pronunciado en sentido alguno, pese a que esta medida es semejante a las líneas que ya mantiene el Ministerio de Fomento desde hace décadas y que ciudades como Sevilla hayan realizado satisfactoriamente experiencias piloto en este sentido.

Tanto las compensaciones económicas como las ayudas de un Plan, podrían tener forma de deducción fiscal o rebaja impositiva, a fin de compatibilizarse adecuadamente a las previsiones presupuestarias del Ejecutivo.

Las medidas propuestas por la patronal de los taxistas beneficiarían directamente a un colectivo a 16.000 taxistas en una legislatura y de modo amplio al total de 70.000 los existentes en España, sin perjuicio de las medidas de inspección contra el intrusismo y control fiscal y social de las plataformas digitales de falsa economía colaborativa, que se han exigido al Ejecutivo respecto a la elusión fiscal que practican y degradación de las condiciones laborales que viene denunciando FEDETAXI, de modo que una adecuada tributación y regulación social de las mismas generarían suficientes ingresos para las arcas públicas como para soportar una medida social como la que se propone.

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